En un principio pensé enviar esta tribuna centrándome en el resultado de la consulta no vinculante que el pasado 26 de septiembre se hizo en Berlín sobre la expropiación de 240.000 viviendas a los grandes propietarios. El resultado es que El 56% de los berlineses contestó “Sí” mientras que el 38% restantes votó “No”. Un peligroso precedente que merecía la pena analizar.
Pero todo ha cambiado con la noticia de que el PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado y sobre la Ley de Vivienda (condición indispensable de Podemos para aprobar los PGE). No sabemos la letra pequeña de la nueva Ley de Vivienda, pero lo que sí sabemos es que una de las medidas clave de la Ley es la intervención de los precios del alquiler de los grandes tenedores (con más de diez viviendas) que, como los que nos dedicamos a esto sabemos, en realidad, afectará a muchos medianos inversores más allá de los grandes fondos y compañías inmobiliarias. Además, el texto prevé la congelación del precio del alquiler
a los propietarios de menos de diez viviendas y un recargo del IBI a las
viviendas vacías (de hasta el 150%) a decidir por los ayuntamientos.
Ni que decir tiene que, en un momento en el que el sector inmobiliario
comienza a repuntar con fuerza y la inversión vuelve a niveles prepandemia, este tipo de medidas resultan un mazazo a la credibilidad de España como destino seguro para la inversión inmobiliaria.
Hace poco comenté en otra tribuna que el real estate siempre se ha
considerado como “refugio” frente a la inflación, ya que tradicionalmente ha permitido conservar el valor del patrimonio, sin verse mermado por el aumento de los precios.
Pero si bien expresaba mi opinión en estos términos optimistas, previendo lo que podía suceder, matizaba que “la seguridad jurídica es un elemento fundamental para garantizar la confianza necesaria para atraer nuevos inversores, nacionales e internacionales, y mantener a los actuales. Aquellas comunidades autónomas que legislen en contra del libre mercado e introduzcan penalizaciones a los propietarios, inevitablemente verán disminuir el flujo de inversión hacia sus propios mercados. La historia demuestra que, sobre regular los mercados de alquiler, o penalizar a los propietarios de inmuebles, acaban generando un déficit en la oferta que perjudica a los potenciales inquilinos. Se logra el efecto contrario al deseado. Por el contrario, aquellas comunidades autónomas con una legislación más amable hacia la inversión, se seguirán viendo favorecidas”.
No hay más que ver el ejemplo de Oporto (Berlín y París también
fracasaron) donde el sistema de limitación del alquiler a través de un
sistema de valoración de activos teniendo en cuenta simplemente su
ubicación y superficie, sin contar las características particulares de la
vivienda, ha mermado directamente la rentabilidad de la inversión al
quitar al activo residencial todo el valor añadido que pudiera tener.
Considero que es una fórmula fracasada que ya se ha probado en otros
países y que lo único que provoca es economía sumergida, huida de la
inversión, limitación de la oferta y empobrecimiento.